El cuidado comunitario es una tarea con una larga historia en la República Argentina, cuya importancia se acrecentó en los barrios populares desde mediados del siglo XX. Entre fines de la década de los setenta y principios de los ochenta, en el marco de la dictadura cívico-militar y los efectos de las políticas de ajuste estructural, el cuidado comunitario se expandió como estrategia de subsistencia frente a la crisis socio-económica involucrando a cada vez más mujeres de sectores subalternos. Comedores, copas de leche, merenderos, guarderías, salas de salud, espacios de recreación y roperos comunitarios se multiplicaron a lo largo del país, y consolidaron al cuidado comunitario como un trabajo “útil” y “necesario” frente a una creciente des-responsabilización del Estado en relación con el bienestar de las poblaciones que habitan el territorio nacional.

Si bien tradicionalmente los procesos de reproducción social fueron resueltos desde los hogares, la profundización de las condiciones de precariedad -que afectaron no solo a las familias sino también espacios más amplios, como barrios y zonas urbanas concretas- impulsaron el despliegue de distintas estrategias de subsistencia que trascendieron el ámbito familiar. Las mujeres que residen en las periferias urbanas conformaron entonces redes barriales de “compartencia”, no exentas de conflicto, cuyas prácticas se articulan con programas estatales que fomentan el cuidado comunitario anclado al espacio barrial, como una forma de gestionar los umbrales de precariedad de la vida cotidiana de las familias que residen en esos territorios, en especial la de su población infantil. Si se tiene en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para el primer semestre del 2019, en Argentina el 52,6% de las personas entre 0 y 14 años son pobres, se comprende que lo comunitario se haya tornado indispensable para la sostenibilidad de la vida en el contexto vigente.

La gestión de lo común en esos barrios resulta además un espacio propicio para la configuración de prácticas de ciudadanía. Quienes se dedican al cuidado comunitario -mayoritariamente mujeres nativas y migrantes de la región sudamericana que arribaron en las últimas décadas- tienen una participación política activa, vinculándose con distintas organizaciones sociales y con actores estatales con quienes intentan negociar demandas barriales colectivas. El cuidado comunitario no solo hace visible, tanto al interior como hacia el exterior de los barrios, a las mujeres que lo realizan; sino que también tiene la potencialidad de abrir instancias de lucha, resistencia y reconocimiento desde un lugar “común” de solidaridad en los márgenes de las ciudades.