La crisis económica y las políticas de austeridad han puesto en cuestión la gestión de la red pública de servicios, ya que han venido acompañadas de numerosos escándalos de corrupción política y de malversación de fondos públicos. Este contexto histórico ha reformulado tanto los valores democráticos de la ciudadanía como los estándares en los que se situaban los estudios del bienestar en la academia. El discurrir de ambos procesos ha sido paralelo. Las calles se llenaban de protestas y reclamaciones y surgían en las propias plazas nuevos modelos de administración que trascendían a los cánones de lo público y de lo privado. Era el germen aplicado de las nociones de “lo común” y “lo comunitario” que ya se había puesto en práctica en los movimientos antiglobalización de los años noventa.

El resultado se dejó sentir también en la universidad y en la investigación social. Años examinando el bienestar, sus derroteros, las posibilidades del mercado y, de repente, parece necesario revisitar a las clásicas feministas marxistas de los setenta que definían la comunidad como un elemento de resistencia político desde el que afrontar los delirios del neoliberalismo y el monopolio capitalista. Es así, como ambos movimientos (el ciudadano y el académico) se retroalimentaron para visualizar las posibilidades de la participación cívica y las realidades que pueden afrontarse fomentando los vínculos cooperativos. La perspectiva de los estudios feministas se convierte en esencial para formular nuevas herramientas de organización política puesto que la clave de la resistencia se encuentra en afrontar los “nuevos riesgos sociales” (aquellos creados a partir de la crisis sistémica), en los cuales, las mujeres son protagonistas. Tanto por afectarles en mayor medida las situaciones de precariedad como por ser ellas el grupo social que está manteniendo el sistema de cuidados a través de su trabajo no remunerado.

En España, las fronteras que separan las experiencias comunitarias del Estado, la familia o el sector privado no están claras y los bordes se muestran difusos. Las combinaciones entre “lo público” y “lo común” parecen múltiples: pueden darse desde la propia auto-gestión, pueden crearse a partir de organizaciones no gubernamentales o asociaciones de distinto signo  (como las redes de apoyo mutuo para asegurar la supervivencia y reproducción social de algunos colectivos, bancos de tiempos para intercambio de bienes y servicios, entre otros) pero también parece activarse cuando los poderes públicos municipales se asocian con las redes vecinales y ciudadanas (Proyecto Radars, Mares Madrid, Madrid Ciudad de los Cuidados, A Coruña Coidadora son algunos de estos programas). Todo ello demuestra que la comunidad se ha convertido ya en una de las agencias imprescindibles para evaluar la organización social de los cuidados.

Las tendencias demográficas de aumento de la longevidad y, por tanto, de crecimiento de adultos mayores con necesidades de cuidados de larga duración suponen el riesgo de atribuir más responsabilidades a las familias, a las mujeres y generar más desigualdades sociales entre aquellos hogares que puedan articular una respuesta a esta demanda en el mercado y aquellos que no puedan hacerlo. En este contexto, la comunidad, lo común, no puede convertirse en una opción de desresponsabilizar al Estado o de delegar en el mercado o de substituir a la familia. La cuestión apunta a buscar un equilibrio que permita mantener la sostenibilidad de la vida y sus exigencias a lo largo de todo el ciclo de la vida. Se trata de articular una red donde lo público, lo privado y lo comunitario se teja para fomentar una responsabilidad compartida que supere la individualización. Sin embargo, y como bien supieron advertir las feministas británicas en los años ochenta, a pesar de las implicaciones positivas de la comunidad, en este espacio también existen desigualdades relativas a la presencia mayoritariamente femenina y al peligro de la desprofesionalización de los cuidados. Reclamar la comunidad como agente de cuidados debe tener la consigna de apelar a la responsabilidad cívica y a la necesidad de cooperación a lo largo de nuestra trayectoria vital.